• En mesa de diálogo, Alfredo Sánchez Castañeda, José Pablo Hernández Ramírez, Juan José Díaz Mirón, Mauricio Cortés, Manuel Fuentes Muñiz y Claudia Patricia Juan Pineda abundaron en la necesidad de atender estos temas
Con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se reformula el apartado laboral, y debido a la decisión de los gobiernos de realizar una revisión anual es prioritario discutir la agenda social, sostuvo el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda.
A partir del derecho del trabajo pensamos en las prerrogativas de las personas en materia laboral y de seguridad social. El abordaje que se efectúa en Estados Unidos es sobre la relación entre las garantías laborales y las posibles barreras comerciales. El derecho en el país vecino surge a partir de la Ley Antitrust, la cual señala que los sindicatos no son un obstáculo para el comercio, puntualizó.
Sánchez Castañeda moderó la mesa de diálogo “Una agenda social del T-MEC” -realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas- y enfatizó que a partir que la firma del Tratado de Libre Comercio también hubo un acuerdo paralelo en materias ambiental y laboral.
A decir del profesor de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, José Pablo Hernández Ramírez, en el debate del T-MEC no se ha tocado el trabajo forzoso y la debida diligencia, que es el proceso continuo mediante el cual una empresa identifica, previene, mitiga y responde a los riesgos e impactos negativos sobre las garantías fundamentales y laborales de sus empleados en sus operaciones directas y en la cadena de valor.
El profesor de Derecho del Trabajo en la FD, Juan José Díaz Mirón, consideró: tenemos el tratado comercial con las cláusulas laborales más importantes de la historia, razón por la cual el T-MEC es una agenda social. Hablar de este significa hacerlo de una región, de traspasos y servicios, de un piso mínimo normativo para que todos caminemos de la mejor manera posible.
Respeto a la ley
En tanto, el agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos en México, Mauricio Cortés, reconoció que este ámbito y el ambiental son complejos, y actualmente se encuentran en revisión, no renegociación.
El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Manuel Fuentes Muñiz, opinó que para hablar de diálogo social debe haber convergencia de actores que estén estimando que el comercio internacional tiene consecuencias fundamentales para las personas, su condición laboral y salario.
En las discusiones, el gobierno mexicano ha cuestionado el aspecto del mecanismo laboral de respuesta rápida, cuando este ha sido un elemento esencial para abrir espacios de libertad sindical, de contratación colectiva. Ha adoptado una posición de estar obstruyendo estas cuestiones, y han sido anulados aspectos que tienen que ver con la libertad sindical, subrayó.
Durante el encuentro, organizado por el PUDH, Claudia Patricia Juan Pineda, indígena zapoteca y consultora legal de organizaciones sindicales, expresó su preocupación por la postura del gobierno norteamericano de no respetar las normas internacionales.
Las reglas de la Convención de Viena -en las que se fijan los principios de Pacta sunt servanda (frase en latín que significa “los pactos deben cumplirse”) y Bona fide (vocablo latín que quiere decir “de buena fe”)- obligan a las partes a cumplir lo pactado; es importante mantenerlo, recuperarlo y recordarlo, resaltó.
Rememoró que en otros convenios, como el de México con Europa, transitan hacia modelos de debida diligencia y cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas en las cadenas de suministro y en operaciones trasnacionales.
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