-Esta sobre representación no solo afecta la distribución de curules, sino que también tiene profundas implicaciones para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes. Con una mayoría tan amplia, Morena podría modificar la Constitución sin necesidad de negociar con otros partidos, debilitando así los contrapesos fundamentales en un sistema democrático.
En el marco de la reciente elección de junio, la conformación del Congreso de la Unión de México ha despertado un intenso debate sobre la legalidad y legitimidad del proceso. Mariana Durán Márquez, profesora de la Facultad de Derecho de la UPAEP, habló sobre la situación, destacando las implicaciones constitucionales y electorales que enfrenta el país en este momento crítico.
Mariana Durán señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE), como autoridad administrativa, tiene en sus manos la compleja tarea de revisar e interpretar tanto la Constitución como la Ley Electoral para determinar la distribución de las curules en el Congreso. México cuenta con un Congreso bicameral, compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, esta última integrada por 300 diputados electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.
Uno de los principales desafíos, según Durán Márquez, es la interpretación del artículo 54 constitucional, que establece las bases para la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Este principio, diseñado para proteger la representación de las minorías políticas, ha sido objeto de diversas reformas a lo largo de la historia, siendo la más significativa la de 1986, que marcó el inicio del sistema de gobernabilidad actual.
El problema actual radica en la interpretación del límite del 8% para la asignación de curules por representación proporcional. Mariana Durán subraya que la coalición formada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría estar sobrepasando este límite, lo que resultaría en una sobre representación significativa en la Cámara de Diputados, con Morena obteniendo un 74.6% de los escaños.
Dijo que esta sobre representación no solo afecta la distribución de curules, sino que también tiene profundas implicaciones para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes. Con una mayoría tan amplia, Morena podría modificar la Constitución sin necesidad de negociar con otros partidos, debilitando así los contrapesos fundamentales en un sistema democrático.
Además, Durán Márquez advierte sobre las consecuencias de esta situación en términos de las acciones de inconstitucionalidad y los nombramientos calificados, los cuales requieren un porcentaje significativo de votos en la Cámara de Diputados. Si las minorías políticas no alcanzan el 33% necesario para promover estas acciones, el control constitucional podría verse seriamente limitado.
Mariana Durán llama a una reflexión profunda sobre la autenticidad de las elecciones y la representación efectiva de todos los ciudadanos en el Congreso. La interpretación de la norma constitucional, según ella, debe ser integral y considerar no solo el artículo 54, sino también otros principios fundamentales como la obligación de elecciones libres y auténticas establecida en el artículo 41.
La académica destaca la importancia de un análisis riguroso y transparente por parte del INE y el Tribunal Electoral para garantizar que el Congreso de la Unión 2024 sea un reflejo fiel de la voluntad popular, respetando tanto la legalidad como la legitimidad del proceso democrático en México.
Asimismo, Eder Vásquez Espinosa, profesor de la Facultad de Derecho de la UPAEP, aportó su visión crítica sobre la interpretación constitucional que ha llevado a la controvertida sobre representación en la Cámara de Diputados.
Vásquez Espinosa subraya que algunos grupos políticos están aprovechando dos factores principales: la interpretación flexible de la Constitución y la ambigüedad que esta contiene en algunos aspectos. Según él, la cuestión central radica en el abuso de una interpretación errónea de la norma, específicamente en la Cámara de Diputados, donde se está utilizando la figura de los partidos políticos de manera individual en lugar de considerar la coalición como una unidad.
El académico hace referencia a la Reforma Electoral de 1996, que fue clara al establecer que las coaliciones deben ser tratadas como partidos políticos en lo que respecta a la representación proporcional. Este principio fue reafirmado en la elección del año 2000, durante la presidencia de Vicente Fox, cuando se asimiló la figura de coalición a la de un partido político. Así, insiste en que no debería existir la sobre representación actual si se atendiera correctamente a la naturaleza de la coalición como un solo partido.
El análisis de Eder Vásquez destaca dos reflexiones clave. La primera es que una interpretación incorrecta y una sobre representación desmedida podrían limitar un derecho fundamental: el derecho de la Cámara de Diputados a expresar una acción de inconstitucionalidad. Aunque otros organismos pueden promover estas acciones, el hecho de que la Cámara esté tan desbalanceada limita el ejercicio de este derecho, ya que no se alcanzaría el porcentaje mínimo necesario para llevarlo a cabo.
Dijo que la segunda reflexión se centra en la construcción de un Estado verdaderamente democrático. Un Estado democrático, afirma, se construye escuchando todas las voces, incluidas las de las minorías. En este contexto, las minorías que no están siendo adecuadamente representadas debido a la sobre representación de la coalición mayoritaria tienen el derecho de ser escuchadas. Este derecho es un principio fundamental de los derechos humanos y es esencial para el equilibrio de poder en una democracia.
Invitó a reflexionar sobre la necesidad de proteger los derechos humanos de las minorías y asegurar que el Congreso de la Unión sea un espacio donde todas las voces, sin importar su peso numérico, tengan representación y puedan influir en el proceso legislativo.
Este análisis se suma a las preocupaciones ya expresadas por Mariana Durán, reforzando la importancia de un proceso electoral y legislativo que respete tanto la letra como el espíritu de la Constitución, garantizando la representación justa y equitativa en el Congreso de la Unión 2024.
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